Jorge Luna
Era uno de esos calurosos días veraniegos a mediados de la década de los 2,000. El sol se deslizaba justo por encima de nosotros y para entonces el rocío ya casi había desaparecido de las hojas de los árboles. A temprana hora rodamos en bicicleta desde nuestro barrio, Campo Viejo, hacia el río La Marina y ni bien habíamos llegado cuando a Omar se le ocurrió que había un mejor lugar para refrescarse y nos convenció a todos de pedalear un poco (o mucho) más y subir cientos de escalones con nuestras bicicletas a cuestas para conocer un río al que nunca antes habíamos ido. Ahí, enclavada en el bosque mesófilo de montaña, se encontraba la cascada de La Granada, majestuosa, inmutable, esperando ser descubierta por nosotros. Esa fue la primera vez que la visitamos.
Alrededor suyo todo es bosque y transcurrido el verano todo solía ser niebla, más antes que ahora, cuando el clima de la región no era aún tan cálido a causa de la deforestación. Hoy día estos bosques se encuentran amenazados por un puñado de invasores que, respaldados por una organización “supuestamente obrera y campesina”, pretenden instalar un centro de población para apropiarse de esta región.
En el año 2019, integrantes de esta agrupación presentaron ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la solicitud de declaratoria de terrenos nacionales de 2,000 hectáreas de lo que denominaron “Sierra Alta”, amparados en una constancia de posesión supuestamente signada por la Agente Municipal de Tapachapan. Sin embargo, todos estos predios tienen legítimos propietarios que suman cerca de 500 y cuyos títulos de propiedad datan de hace casi un siglo, por lo que no es posible declarar terrenos nacionales en donde efectivamente no los hay.
La realidad es que esta región nunca ha sido conocida como Sierra Alta, por lo que se deduce que tal apelativo ha sido utilizado dolosamente para confundir a la autoridad, toda vez que los predios de Jinicuil Manso, La Cortadura, La Granada, Loma Alta, etc. ya han sido objeto anteriormente de intentos de adjudicación.
En principio, resulta inverosímil que una sola persona pueda ser poseedora de 2,000 hectáreas, tal como lo señala el documento en que los solicitantes fundan su petición. No obstante, la supuesta signante de la constancia de posesión, la Agente Municipal de Tapachapan, ha desconocido su firma y el contenido del documento por lo que denunció ante la Fiscalía la posible comisión de un delito por falsificación y/o alteración de documentos, por lo que se abrió una carpeta de investigación para resolver sobre la fidelidad del documento y el deslinde de responsabilidades.
Sin embargo, previamente, dentro del procedimiento de declaratoria de terrenos nacionales la autoridad dictó un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación donde ordenó el deslinde de los terrenos objeto de la solicitud, a lo que propietarios y habitantes del municipio de Coatepec se opusieron decididamente. No obstante, el procedimiento sigue su curso y los invasores continúan instalados en las faldas del Cofre de Perote.
En este sentido es necesario que la SEDATU emita un acuerdo dentro del procedimiento mediante el cual suspenda el deslinde de esos terrenos, en tanto no se resuelva sobre la fidelidad del documento que da origen a la solicitud. Por lo que, si se llegase a comprobar que el documento en que se sustenta el procedimiento ha sido falsificado o alterado, el procedimiento se encontraría viciado de origen y por tanto la autoridad debería anularlo y archivarlo como totalmente concluido.
Los coatepecanos no vamos a permitir que un grupúsculo se apodere ilegalmente de nuestros bosques ni mucho menos que ponga en riesgo nuestra fábrica de agua, la flora y fauna de la región. Es por ello que sostenemos que la SEDATU debe actuar y lo debe hacer pronto, suspendiendo el deslinde y eventualmente, el procedimiento en su totalidad, archivándolo como asunto totalmente concluido. El bosque no se toca.
P.D. Vaya desde aquí un reconocimiento para esas personas que se han organizado por la defensa del bosque de Coatepec y que continúan en esta lucha.
Jorge Ignacio Luna Hernández
Licenciado en Derecho
Regidor Tercero de Coatepec
Maestrante en Administración Pública.